Esta reforma constituye una agresión para los trabajadores y rompe un modelo de relaciones fruto de nuestro acuerdo constitucional y el trabajo que, desde 1978, hemos desarrollado entre todos los trabajadores.
Esta reforma
• Supone un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales
• Rompe el equilibrio entre las partes, otorgando poderes unilaterales al empresario para modificar el salario y resto de condiciones laborales.
• Abarata y facilita el despido, con el único fin de reducir los costes laborales, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación, tanto en el sector público como en el privado.
• Elimina los mecanismos de control sindical y administrativos, y, además, debilita el control de la autoridad judicial, automatizando la causa del despido con tres trimestres consecutivos de bajadas de ingresos.
• Destruye el modelo de negociación colectiva, dejando a millones de trabajadores sin este instrumento de regulación de sus condiciones de trabajo que pasarán a establecerse unilateralmente por el empresario.
• Ofrece un contrato falsamente indefinido puesto que permite el despido libre sin causa y sin indemnización durante un año, con la sola pretensión de falsear las cifras de temporalidad.
Esta reforma instaura un modelo de relaciones laborales contrario a nuestro Estado social y vulnera derechos reconocidos en la Constitución Española a los trabajadores y las trabajadoras.
Y, además, es una reforma que nos separa de la ordenación de las relaciones laborales existentes en el resto de Europa y que contradice lo previsto en convenios internacionales suscritos por España.
Esta reforma no va a generar empleo y va a contribuir a su destrucción y al incremento del número de parados en España y, por todo ello, a erosionar la cohesión social y va a empeorar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía.
Finalmente, el Gobierno del Partido Popular no ha tenido ninguna voluntad de llegar a un acuerdo, ni ha tenido ninguna voluntad de dialogar sobre la reforma laboral con las centrales sindicales.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta que entiende las razones que justifican esta convocatoria y quiere hoy hoy mostrar su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras que hoy ejercen el derecho de huelga, un derecho reconocido y garantizado por la Constitución española.
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